En un acto de flagrante irresponsabilidad, las empresas de transporte interno de San Lorenzo, han dejado a cientos de pasajeros sin servicio durante dos días en menos de una semana, evidenciando una burla inadmisible hacia quienes dependen de este servicio para su movilidad diaria. Este episodio es reflejo de una realidad más amplia: la letal combinación de prácticas empresariales arcaicas y la inacción (o complicidad) de las autoridades municipales, encargadas de garantizar un servicio seguro y eficiente.
Durante el pasado lunes, día de máxima circulación, y nuevamente el miércoles, en el marco de una sesión ordinaria de la Junta Municipal, los transportistas se movilizaron exigiendo la modificación de ordenanzas y resoluciones que rigen el servicio. Así mismo, entre sus demandas también figura la revisión de una medida cautelar que autoriza a la empresa Avelino Martínez (Línea 2) para cubrir el itinerario que hasta entonces estaba a cargo de otros empresarios. Cabe resaltar que este reclamo tiene un trasfondo judicial entre los propios empresarios de dicha línea, lo que escapa al ámbito de competencia del Ejecutivo y Legislativo municipal.
Los manifestantes buscaron el apoyo de la Junta Municipal enviando la misma nota que fue dirigida al intendente Felipe Salomón. Por su parte, los miembros de la Junta decidieron remitir la solicitud a las comisiones asesoras de legislación y tránsito para un estudio más detallado. En condiciones normales, la gestión de los empresarios se habría llevado a cabo sin dejar a la ciudadanía varada durante dos días en tan solo una semana. Este hecho pone en evidencia que, en lugar de promover mejoras para un servicio seguro y regulado, los transportistas insisten en mantener prácticas anticuadas: operando incluso sin las habilitaciones pertinentes, sin verificación técnica vehicular y en flagrante incumplimiento de las normativas de tránsito.
Entre otras demandas, se destaca la derogación de la ordenanza 6/2024, que establece la unificación de colores de los autobuses de las siete empresas operativas en San Lorenzo. Resulta paradójico que, casi un año después de su emisión en marzo de 2024, los empresarios argumenten que la uniformidad de colores confunde a los pasajeros, cuando desde el inicio las redes sociales han evidenciado el rechazo de la ciudadanía ante esta medida. Además, se exige la destitución del director de transporte, Marcial Becker, cuyo «pecado», al parecer, fue haber permitido que la empresa Avelino Martínez (Línea 2) regularizara las habilitaciones de sus buses, mientras insistía en que las demás empresas pusieran al día la documentación correspondiente.
Otra de las demandas consiste en la revisión de la ordenanza 4/98, que regula las bases y condiciones para la prestación del servicio de transporte interno de pasajeros en San Lorenzo. Este pedido debe ser evaluado con cautela, ya que en sus artículos se establecen las obligaciones de los empresarios tanto hacia la municipalidad como hacia los usuarios del servicio.
La ciudadanía ha sido testigo, durante años, de convocatorias de transportistas en las que, tras supuestas soluciones, se prometían mejoras en la calidad de los autobuses, un trato digno por parte de los conductores y el fin de las carreras ilegales, prácticas que no solo resultan desordenadas, sino que constituyen actos criminales. Sin embargo, la realidad es otra: los autobuses continúan deteriorados, el maltrato persiste y las carreras ilegales siguen siendo una amenaza constante.
Este escenario refleja con crudeza cómo la irresponsabilidad empresarial, combinada con la permisividad de las autoridades municipales, afecta de forma directa la calidad de vida de la ciudadanía. La municipalidad, como dueña de los itinerarios, debe recordar que lo único que poseen los empresarios son sus autobuses y que, para contar con un itinerario, deben acatar las normativas vigentes. Es imperativo recordar: los itinerarios pertenecen a la municipalidad y no a los transportistas. Por ello, la revisión de la ordenanza 4/98 debe ser objeto de un debate amplio y transparente, centrado en el interés público y no en intereses corporativos.
Es urgente que las autoridades municipales actúen con rigor y celeridad para garantizar un servicio de transporte que cumpla con los estándares de seguridad y eficiencia, asegurando así la movilidad y la tranquilidad de miles de ciudadanos.
