A partir de este año, los propietarios de vehículos usados sentirán el impacto del aumento en los costos de habilitación vehicular, mientras que los vehículos nuevos (0 km) disfrutan de menores pagos que años anteriores. Esta disparidad, lejos de ser un incentivo para la renovación del parque automotor, se convierte en una carga adicional para quienes ya deben lidiar con calles y avenidas plagadas de baches. Estos desperfectos no solo generan gastos innecesarios en reparaciones como cambio de bujes, parrillas o sistemas de dirección, sino también representan un riesgo constante para la seguridad de los conductores, sus acompañantes y hasta de terceros.

De acuerdo con la Ley N.º 7447/2025, se establece la unificación de costos de habilitación vehicular en todas las municipalidades del país. Sin embargo, más allá de los aspectos económicos, es fundamental recordar que la Ley Orgánica Municipal también obliga a las autoridades locales a garantizar el buen estado de sus calles y avenidas. Los impuestos a los rodados, que constituyen una fuente importante de ingresos para las municipalidades, deberían destinarse prioritariamente a la reparación y mantenimiento de estas infraestructuras.

La realidad, lamentablemente, muestra una constante falta de cumplimiento. Los ciudadanos pagan sus impuestos vehiculares con molestia y resignación, conscientes de que los recursos no se reflejan en mejoras tangibles. Las consecuencias son claras: vehículos que requieren frecuentes visitas al taller y conductores obligados a gastar en ruedas nuevas por los baches que proliferan en nuestras calles.

Es crucial que las municipalidades entiendan que la buena gestión no se mide por parches temporales o arreglos superficiales en épocas electorales. Mantener las vías en condiciones óptimas durante todo el mandato es una de las principales responsabilidades de un intendente y un indicador clave de su compromiso con la ciudadanía.

La entrada en vigor de la Ley 7447 debería ser una oportunidad para reflexionar y mejorar. Las autoridades municipales tienen la obligación de garantizar que los recursos provenientes del pago de impuestos se traduzcan en beneficios reales para los contribuyentes. Solo así podrá recuperarse la confianza de los ciudadanos y reducirse la frustración de quienes, día a día, sufren las consecuencias de una gestión deficiente.

Es hora de que las municipalidades prioricen el mantenimiento de las calles y avenidas, recordando que su función no es solo recaudar, sino también retribuir con servicios que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes.

¡No olvidemos que, así como los contribuyentes se esfuerzan en pagar la habilitación de sus vehículos, las autoridades municipales deben cumplir su parte: mantener calles y avenidas en buen estado. ¡Es una responsabilidad compartida!