El Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Central ordenó al intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, proporcionar al concejal Isaac Rojas (PLRA) documentos relacionados con extractos y conciliaciones bancarias del período enero a mayo de este año. La medida responde a una prolongada negativa del ejecutivo municipal a entregar información pública, lo que contraviene un derecho fundamental garantizado por ley. El jefe comunal tiene un plazo de 10 días hábiles para cumplir con la resolución.
Unánime rechazo a los argumentos del Ejecutivo Municipal
Los jueces Alicia Orrego Pérez, Gustavo Bóveda Romero y Dionisio Frutos Serratti, integrantes del Tribunal de Apelaciones, rechazaron por unanimidad los fundamentos legales presentados por la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, calificándolos de erróneos y evasivos. Estos argumentos pretendían justificar la negativa a entregar los documentos solicitados por el concejal, quien es caracterizado por sus constantes reclamos sobre el manejo financiero del municipio.
El contexto del caso
La solicitud inicial fue planteada por Rojas durante una sesión ordinaria de la Junta Municipal, donde pidió formalmente los documentos mediante una minuta aprobada por el pleno de concejales. Ante la falta de respuesta del intendente, el concejal recurrió a la Ley de Acceso a la Información Pública, ingresando su pedido el 6 de junio en la plataforma de transparencia del Gobierno Nacional bajo el número 83434.
El 28 de junio, la Municipalidad respondió a través de la Resolución Nº 1082, negando la entrega de la documentación con el argumento de que no era posible compartir copias de los documentos originales. Tras esta negativa, Rojas presentó un recurso de reconsideración, que fue nuevamente rechazado mediante la Resolución Nº 1396.
Una decisión judicial que reivindica derechos
Tras agotar las instancias administrativas, el concejal acudió a la justicia. En un primer momento, la jueza penal de la adolescencia de San Lorenzo, Sonia Elizabeth de Martínez, rechazó su pedido y avaló la posición del ejecutivo municipal. Sin embargo, Rojas apeló la decisión y llevó el caso al Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala, que resolvió a su favor y revocó la sentencia inicial, destacando que la negativa de la Municipalidad violó el derecho de acceso a la información pública.
Además de ordenar la entrega de los documentos en 10 días hábiles, el tribunal dispuso que la Municipalidad asuma las costas del proceso judicial.
Transparencia: un pilar esencial en la gestión pública
Este caso refleja la importancia de la transparencia en la administración pública y la necesidad de garantizar el acceso a la información como un derecho ciudadano fundamental. La negativa inicial del ejecutivo municipal no solo contravino principios legales, sino que también evidenció la falta de compromiso con la rendición de cuentas.
El fallo sienta un precedente clave para reforzar la transparencia en las administraciones municipales a nivel país y deja claro que ninguna autoridad está por encima de su obligación de informar a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos públicos.
