La violencia institucional no puede pasar desapercibida. A más de una semana del escándalo en la Junta Municipal de San Lorenzo, donde intentaron intimidar a una dama con un empujón, la presidencia sigue en silencio, a pesar de que la vicepresidencia está ocupada por una mujer.
Han transcurrido más de ocho días desde el violento empujón que sufrió Lucía Saldívar a manos de un presunto funcionario de la Junta Municipal de San Lorenzo, y la presidencia del legislativo comunal aún no se ha dignado a dar una explicación. Este acto de agresión, más que un hecho aislado, es evidencia del desinterés total de las autoridades por velar por el respeto y la seguridad ciudadana en el mismo recinto donde ejercen sus altos cargos. Es inaceptable que la mesa directiva, bajo la presidencia de Hernán «Lilo» Domínguez, haya dejado pasar este atropello como si fuera algo insignificante. Sin embargo, ese mismo día de la agresión, uno de los nueve concejales en plena sesión ordinaria no dejó pasar la oportunidad de tildar de violentos al grupo de ciudadanos.
El incidente, ocurrido el miércoles 4 de septiembre, se dio en medio de una controvertida decisión de nueve concejales (Hernán Dominguez, Myriam Fernández, Alcibiades Quiñonez, Pedro Martínez, Brígido Nuñez, Derlis Acuña y Hugo Lezcano (todos colorados) y los liberales Osvaldo Gómez y Dorotea Villarreal), quienes dispusieron que los bomberos de Reducto dejen el predio que ocupan en la avenida De la Victoria para que se trasladen a un lugar sin condiciones mínimas. En ese contexto, un grupo de ciudadanos esperaba la salida de los ediles cuando se produjo la agresión contra Saldívar.
Lo más alarmante es que, desde antes de que comenzara la sesión, ya había un despliegue innecesario de fuerzas policiales, inspectores de tránsito (¡sí, inspectores de tránsito!) y otros funcionarios municipales, quienes acompañaban a los concejales como si de una escolta personal se tratara. Entre ellos, el supuesto agresor, que, en lugar de comportarse con mesura, optó por la violencia, empujando a Saldívar, incluso intentó por segunda vez, ignorando incluso la presencia de la Policía Nacional.
Este acto no es solo una muestra de prepotencia individual; es el resultado de una gestión que permite y calla frente a este tipo de conductas. Que la presidencia de la Junta Municipal no haya emitido ni una sola palabra de repudio es una clara señal de complicidad. El presidente Hernán Domínguez ha dejado pasar el incidente como si no tuviera importancia, legitimando la agresión de un funcionario que, evidentemente, goza de una impunidad avalada por sus superiores. Cabe destacar que la mesa directiva está conformada por una mujer, la vicepresidenta Myriam Fernández.
Violencia contra una Mujer y Silencio de una Vicepresidenta Mujer
Es especialmente preocupante que la violencia haya sido dirigida contra una mujer, Lucía Saldívar, y que, a pesar de tener a una vicepresidenta mujer, Myriam Fernández, en la mesa directiva, esta también haya preferido el silencio. Este hecho resalta aún más la falta de solidaridad y acción por parte de las autoridades.
El silencio de las autoridades es «ensordecedor». Cuando quienes deberían proteger a la ciudadanía se hacen los desentendidos, se fomenta un peligroso clima de impunidad. La presidencia de la Junta debería dar explicaciones, porque la violencia desde el poder es inadmisible y no puede ser pasada por alto.
