La reciente inhabilitación del matadero municipal, que emplea a unas 40 personas, ha generado inquietud y sospechas debido a la falta de coordinación aparente entre las autoridades locales. Esta situación ha llevado a pensar que podría haber otros intereses en juego, ya que la supuesta evasión de impuestos debería haber provocado la apertura de un sumario en lugar del cierre inmediato sin la intervención previa del juzgado de faltas municipal.
Según dijo el pasado viernes el asesor jurídico municipal, abogado José Macedo, la administración municipal judicializó el tema, por lo que seguramente irán saliendo algunos detalles no conocidos o poco conocidos en las documentaciones que existe en la carpeta judicial.
Por ejemplo se destaca el mentado contrato de arrendamiento que fue firmado el 30 de diciembre de 2019 entre el entonces intendente Alcibiades Quiñonez y la arrendataria Elena María Betania Samudio.
Este contrato, que consta de 11 artículos, establece una duración de cinco años, pero también especifica las circunstancias bajo las cuales la municipalidad podría rescindirlo antes de cumplir dicho plazo. Entre estas causales, se destaca que la administración municipal debe notificar a la arrendataria con al menos 60 días de antelación.
El artículo 5 del contrato establece que, si el arrendador decide utilizar el predio para una Planta Asfáltica o darle otro uso, puede rescindir unilateralmente el contrato sin incurrir en responsabilidad indemnizatoria, siempre que se realice una comunicación previa de al menos 60 días.
Otra causal de rescisión se encuentra en el artículo 10, que indica que la falta de pago de tres mensualidades del alquiler producirá la mora legal de la arrendataria, lo que permitirá al arrendador rescindir el contrato y proceder al desalojo del local sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial.
Sin embargo, la actual situación del matadero no parece estar relacionada con ninguna de estas causales. La rápida inhabilitación se basa en una supuesta evasión de impuestos por valor de G. 6.000.000, lo que, según especialistas, no justifica una medida tan drástica, sino la apertura de un sumario para evaluar los pasos a seguir, incluida la posible rescisión del contrato. De hecho, la arrendataria podría emprender acciones legales si considera que se han vulnerado sus derechos.
El caso podría complicarse aún más si Elena María Betania Samudio decide demandar a la municipalidad de San Lorenzo por incumplimiento del debido proceso. Además, surgen dudas adicionales, como la solicitud de arrendamiento presentada en febrero por un tal Ángel Llamas, que podría estar relacionada con la apresurada decisión de inhabilitar el matadero.
Este caso parece tener más aristas por explorar en los próximos días.
