La reciente e irregular inhabilitación del matadero municipal de Calle’i de San Lorenzo ha generado una ola de controversias que parecen lejos de resolverse. En la mañana de este viernes, los concejales Miryan Fernández y Pedro Martínez (ambos de la ANR) se presentaron en el establecimiento con la intención de negociar una salida, según afirmaron a los presentes. Sin embargo, la municipalidad llegó de manera aparatosa, acompañada por una grúa y varios funcionarios, lo que dio la sensación de estar preparados para cualquier cosa menos para dialogar.
Lo ocurrido refleja una evidente descoordinación entre las propias autoridades municipales. Los dos concejales, en representación de la Junta Municipal, supuestamente buscaban una solución favorable para los empleados del matadero, a pesar de que hace tres semanas ellos mismos respaldaron la inhabilitación del mismo. Más llamativo aún es que el caso ya está judicializado por la propia administración municipal. A pesar de esto, el asesor jurídico de la municipalidad, el abogado José Macedo, se mostró visiblemente nervioso, llegando a discutir tanto con los empleados como con el abogado de la parte arrendataria del establecimiento.
La discusión se tornó confusa cuando los funcionarios municipales intentaron realizar un inventario del lugar, a pesar de que la municipalidad había solicitado y conseguido una orden de no innovar. Este detalle fue subrayado por el abogado de la parte arrendataria, quien recordó a Macedo que, debido a dicha orden, no se podía tocar nada en el establecimiento. Ante esto, un enojado Macedo dijo que se va a lacrar el local, evidenciando la tensión y falta de claridad en el proceder de las autoridades.
Por su parte, los empleados del matadero expresaron que la apresurada decisión de inhabilitar el establecimiento los ha perjudicado gravemente, ya que varias familias dependen de su funcionamiento para su sustento. Exigieron la presencia del intendente municipal Felipe Salomón, quien podría permitir que la empresa arrendataria continúe operando al menos hasta la finalización del contrato, previsto para diciembre de este año,mientras se siga con el sumario administrativo.
La inhabilitación del matadero, ocurrida el pasado 6 de agosto, ha sido calificada como irregular por varios sectores, no solo porque se adelantó al vencimiento del contrato, sino también porque la supuesta deuda con la caja municipal, que supuestamente motivó la medida, solo justifica un sumario administrativo, dejando en suspenso la necesidad de un cierre tan anticipado.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué la Junta Municipal, cuyo rol principal es legislar y fiscalizar, se vio envuelta en un tema claramente perteneciente al Ejecutivo? Esta situación ha generado sospechas de que algún interés extra hay por parte de algunos que hoy ostentan poder desde sus cargos como autoridades municipales.
Además, si realmente existe una preocupación por los trabajadores afectados, ¿por qué esta preocupación no se manifestó antes de proceder con la inhabilitación?
La tardanza, tres semanas después del cierre del matadero, en considerar el impacto social de la medida, alimenta aún más las dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta acción.
El caso del matadero de Calle’i apenas comienza, y la decisión de involucrar a la Junta Municipal podría complicar aún más el panorama para la administración local. Ya se escuchó decir hoy al abogado de la parte arrendataria que posiblemente las autoridades municipales cometieron «violación del debido proceso», lo cual puede ameritar una demanda judicial ¿Será esta una metida de pata que termine costando caro al erario público de San Lorenzo? Solo el tiempo lo dirá.
Este caso promete tener aún muchos capítulos por delante, y desde esta página seguiremos informando otros detalles que, sin duda, podrían generar más confusión o revelar las verdaderas intenciones de quienes se apresuraron a inhabilitar el tradicional matadero municipal de Calle’i.
