Intendente vuelve a contratar a quien destituyó por corrupción

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El intendente Alcibíades Quiñones, volvió a contratar como funcionaria permanente a una mujer que él mismo aprobó acusación por corrupción en setiembre del año pasado, incluso la misma fue suspendida para ocupar cargos públicos por un espacio no menor a dos años y se ordenó se remita los antecedentes del caso al Ministerio Público. Aquí una entrevista realizada en octubre del año pasado donde el propio Quiñones confirmó el caso.

Suspendida para ocupar cargos públicos por 2 años. Se trata de Alicia Oporto, quien aparece en planilla de funcionarios permanente de la municipalidad de San Lorenzo desde junio de este año. La misma fue cesada en su cargo de funcionaria permanente en setiembre del año pasado después de que un juez sumariante le acusó junto a otro funcionario por infracción y hechos punibles, donde incluso el propio intendente Quiñones firmó una resolución de aprobación a la acusación, determinando cesar en su cargo de funcionaria permanente, e inhabilitarla para ocupar cargos públicos por un periodo no menor a 2 años. Además, en el mismo documento el intendente ordenó remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público.

Entrevista realizada en octubre de 2019: «Para espacios públicos lo que ellos se adueñaron de forma privada y eso no corresponde» (desde el minuto 3)

En octubre de 2019 el intendente Alcibiades Quiñones confirmó a nuestra página que tanto Oporto como dos ex funcionarios intentaron adueñarse de lo que correspondía a espacios para plazas y edificios públicos, «Para espacios públicos lo que ellos se adueñaron de forma privada y eso no corresponde (…), yo creo que es una falta muy grave un espacio que el propietario tiene que ceder a la municipalidad, tiene que ser una propiedad privada municipal no pasar a manos de funcionarios, eso es lo que se hizo”

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Contrato privado sobre bien público. El caso de supuesta corrupción, tiene que ver con un fraccionamiento de propiedad realizado en el 2011, pero siete años después (2018) se realiza un contrato privado entre el propietario del fraccionamiento, Oporto y dos ex funcionarios más por sobre el predio que por ley debe titularse a nombre de la Municipalidad de San Lorenzo para ser usado como plaza y edificio público.

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