Para hoy viernes de 11 a 13 horas un grupo de ciudadanos integrantes de varias organizaciones sociales de San Lorenzo tiene previsto realizar una manifestación frente a la fiscalía de San Lorenzo, es para reclamar que se culmine con la investigación e imputen al intendente Albino Ferrer por supuesto mal uso de fondos del Fonacide en el año 2013. Además, insistirán sobre un caso de enriquecimiento ilícito que se había denunciado en el año 2015.
El pasado viernes el mismo grupo se manifestó e incluso entraron a entrevistarse con el fiscal adjunto Patricio Gaona, quien les informó que la fiscala Susana González (que lleva el caso Fonacide) fue recusada por la defensa de Ferrer argumentando que la representante del ministerio público había pedido en la Municipalidad un puesto de trabajo para un pariente, lo que se le había negado, por eso presumen que González puede actuar de manera parcialista. Además, también recusaron a Patricio Gaona por supuestamente haber prometido al grupo de ciudadanos la imputación de Ferrer en la causa.
Según nos informaron para hoy se prevé más ciudadanos en la manifestación donde en realidad la idea es dar un “ultimátum” a la fiscalía, ya que el caso del Fonacide prácticamente “duerme” desde hace varios años por más que por un lado la Contraloría General de la República confirmó que Ferrer cometió faltas a la Ley del Fonacide por haber realizado inversión en obras por unos 8 mil millones de guaraníes sin haber llamado a licitación.
Fonacide 2013. Según informe de la Contraloría General de la República, la administración municipal de Albino Ferrer realizó transferencias del fondo del Fonacide a las asociaciones escolares (ACE), para obres de infraestructuras en escuelas y colegios públicos de San Lorenzo sin dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2051/03 de la Dirección de Contrataciones Públicas. En ese entonces la Municipalidad transfirió a las asociaciones escolares el monto de G. 4.783.259.557 para la construcción, remodelación y/o refacción de las instituciones educativas.
Por otro lado, se transfirió a una comisión vecinal del Barrio Florida, la suma de G. 1.459.908.000 y a la comisión de padres del Instituto Municipal de Arte (IMA).
Siempre según informe de CGR las obras fueron ejecutadas por las ACE sin dar cumplimiento a la resolución Nº 7050/2012 donde se establece la obligatoriedad de un análisis previo, autorización y verificación ejecutiva de la dirección de Infraestructura dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del MEC.
