El caso de estafa y extorsión que involucra a cuatro altos dirigentes de la Cooperativa Reducto ya pasó a la acusación por parte de la fiscalía que los investigó. Ahora se espera que el juez Gustavo Bóveda solicite audiencia preliminar y con eso se pone cada vez más cerca una posible condena a los acusados. Por otro lado la parte querellante pide la no injerencia de la cámara de senadores.

Los acusados por estafa y extorsión son; Alberto Martínez, presidente del Consejo de la Cooperativa mencionada; Claudia Barreto gerente general; Remigio Alonso, tesorero y Zully Miño, secretaría de consejo de administración.

El fiscal Gerardo Mosqueira encontró pruebas que incriminan a los cuatro nombrados más arriba y presentó la acusación al juzgado de San Lorenzo a cargo del juez Gustavo Bobeda. Ahora se espera que se solicite audiencia preliminar por el caso de estafa y extorción, para luego ir a juicio oral.

ELEMENTOS CERTEROS. En una entrevista hecha desde nuestro programa “San Lorenzo sin filtro”, Miguel Roa, abogado de la parte querellante señaló que la fiscalía encontró elementos acusatorios, por tanto, se puede llevar a juicio oral y condenar a los acusados, “Evidentemente que la fiscalía encontró elementos certeros como para poder llevar a esta gente a juicio oral y poder condenarles”.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

NOMBRÓ A UN SENADOR. Roa manifestó que el representante de los dirigentes de la Cooperativa Reducto, (abogado Santiago Rojas) demostró ser poco ético, ya que dijo que él (Rojas) está mediante pedido de un senador, “Acá el compañero colega a mi criterio faltó a la ética y como digo me quiso seguir con la vaina al nombrar a un senador, diciendo “yo estoy acá por pedido del senador”, así mismo me dijo frente a mis representados”, indicó.

Luego manifestó su deseo que el legislador nombrado por el abogado Rojas no participe de una cuestión que puede embarrar el accionar de su trabajo como legislador, “ojalá que este senador de la nación a quien se lo nombró, realmente no participe de estas cuestiones inescrupulosas que en realidad va a embarrar su accionar dentro de lo que sería su accionar dentro de la cámara”.

El antecedente de la querella especifica que, luego de fallecer el socio Armindo Morínigo dejó una deuda de G. 182 millones, pero que, pese a que fue saldado por la aseguradora Asepasa, los ahora acusados igual intentaron cobrar a los familiares de Morínigo mediante la firma de pagarés. Según se menciona habría otros casos parecidos pero que ya se cobró o siguen pagando las cuotas pese a que la aseguradora saldó todas las deudas.