Por: Daniel Vargas

Desde este viernes 18 de setiembre de 2015, todo funcionario público (sin importar el cargo), que desee seguir manteniendo el “secretismo” en cuanto al manejo del bien público, deberá llevar en cuenta que tendrá una serie de consecuencias que no solo lo afectará en lo personal sino que también involucrará a la institución a la cual pertenece.

El objetivo de la ley N° 5282/2014 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”  es transparentar todo lo concerniente a la administración de los recursos públicos. La ciudadanía quien es dueña de esos recursos, tiene derecho desde la fecha a que se le dé respuestas a todas las dudas que tenga con respecto al manejo  del dinero del pueblo.

La puerta del secretismo ha quedado abierta, de manera que cualquier ciudadano puede entrar a “curiosear” sobre todo aquello que le es de público conocimiento y que le interese.

 Y en caso de que aún existiese funcionarios de turno que busquen obstaculizar el manejo de información a los verdaderos dueños de los recursos públicos, debe saber que está atenido a diversas acciones que van desde el escrache público, multas, suspensión en sus funciones y hasta perder su puesto como funcionario público.

Esta ley afirma que cualquier funcionario público y autoridad elegida por medio de los votos son en realidad “SERVIDORES PÚBLICOS” y nosotros (la ciudadanía) los patrones y los dueños de todo lo administrado por ellos.

Las autoridades de las diferentes instituciones públicas tienen la oportunidad de demostrar su honestidad y deseo de trasparencia en sus actos, y para amparar dichos deseos deben ser ellos los primeros en socializar la Ley N° 5282/2014 De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”

@Vargasdaniel01