Por Daniel Vargas

[box type=»shadow» ]La municipalidad de San Lorenzo no concibió en este año la posibilidad de una participación ciudadana en la elaboración del presupuesto general de ingresos y gastos del próximo periodo fiscal. Tampoco se ha podido llegar a una rendición de cuentas en audiencias públicas, de modo que en nuestra ciudad podemos decir que estamos muy lejos de una “auténtica democracia” (Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste para controlar a sus gobernantes).[/box][divider]Son muchas las autoridades que confunden o quieren confundir sobre lo que es realmente “la transparencia de la administración de la “cosa pública” y una participación ciudadana” en cuestiones comunales. Así, muchos creen que con publicar en algún portal web salarios, organigramas, listado de obras y otros indicadores ya significa una total transparencia en el accionar de los gobernantes de turno. De hecho, es un paso muy importante, pero no suficiente, ya que hasta aquí es limitarse a lo que sería un informe meramente político, mientras que la democracia moderna exige que la administración del uso de los recursos públicos sean realmente SOCIALIZADOS, de manera a dar posibilidad a la ciudadanía a que pueda monitorear y dar seguimiento, acerca del uso de los recursos públicos e inclusive sugerir acciones con el fin de mejorar la comunidad donde vive y paga sus impuestos.

Debemos llevar en cuenta que todo esto no debe ser tomado por los mandatarios como un mero requisito formal o peor aún como una acción TEDIOSA al solo efecto de cumplir con la obligación de informar a sus mandantes sobre la utilización de los bienes de la comunidad. Más bien, las autoridades deben considerar esto, como una herramienta válida para demostrar total honestidad en el trabajo encomendado como administradores de los recursos públicos.

No obstante, nuestros representantes deben comprender que en democracia los que reciben el mandato ciudadano (electo por el pueblo), están obligados a dar cuentas sobre sus acciones en función encomendada por el verdadero dueño de los recursos públicos que es el pueblo. Si como ciudadanos seguimos ajenos a esta realidad, no podremos cambiar los errores administrativos, ni los problemas más ínfimos que nos aquejan a diario.