[box type=»shadow» ]La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), emitió un comunicado a la opinión pública donde toman con relación a la remoción del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Carlos Arregui, “La separación del fiscal Arregui de su cargo, no puede sino interpretarse como un castigo contra un magistrado que se enemistó con gente poderosa y defendió los intereses ciudadanos”, dice en parte el comunicado de la Junta Directiva de la mencionada organización empresarial.[/box][divider]
Entre otras cosas el documento señala que la decisión de remover al fiscal Arregui por parte del Fiscal General, Javier Díaz Verón, es poco oportuna para la Fiscalía de Delitos Económicos, porque en estos días se trataran varios pedidos de desafuero de parlamentarios.
También exigen más coraje a los administradores de justicia del país “ya que la corrupción y la impunidad siguen siendo deudas pendientes con la ciudadanía”.
LO QUE DICE EL COMUNICADO
La Asociación de Empresarios Cristianos observa con profunda preocupación la remoción del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Carlos Arregui, “a fin de mejorar el servicio y optimizar resultados”, según consigna el comunicado del Fiscal General, Javier Díaz Verón. Nadie pone en duda que el cambio está dentro de sus facultades, pero esta decisión es poco oportuna, ya que es sabido que para la Fiscalía de Delitos Económicos, este es un momento clave, porque en estos días se tratarán varios pedidos de desafuero de parlamentarios.
No dudamos de la existencia de presión de poderosos intereses políticos que hace tiempo se mostraban molestos habiendo amenazado con destituir al fiscal Arregui por su inflexible determinación de perseguir la corrupción y los delitos contra el patrimonio público y privado.
La separación del fiscal Arregui de su cargo, no puede sino interpretarse como un castigo contra un magistrado que se enemistó con gente poderosa y defendió los intereses ciudadanos.
El episodio pone de relieve la fragilidad de nuestro sistema judicial, ya que intereses políticos aprovechan mecanismos legales para excluir a un profesional que sobresale por su labor al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos. Estos casos afectan el Estado de Derecho, y al sistema judicial en su conjunto, del cual el Ministerio Público es uno de sus exponentes más sensibles.
Exigimos mayor coraje de parte de los más altos exponentes de la administración de justicia, ya que la corrupción y la impunidad siguen siendo deudas pendientes con la ciudadanía.
Quienes estamos en el sector privado no podemos dejar de manifestar que con estos cambios perdemos todos. Las inversiones privadas no se realizarán en el país mientras la justicia no sea independiente y mientras que las decisiones jurídicas sean tomadas por los políticos.
No habrá un nuevo rumbo en el Paraguay, ni con este gobierno ni con los futuros, sin reconstruir desde sus cimientos, un sistema judicial que ahonda cada día su deuda con la democracia.
Junta Directiva de la ADEC
